La Corte IDH declara vulneración del derecho a la estabilidad laboral por despido

La Corte IDH declara vulneración del derecho a la estabilidad laboral por despido

Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una condena específica por la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado, con motivo de la vulneración del derecho al trabajo, en particular de los derechos a la estabilidad laboral y de asociación. En esta ocasión, la Corte encontró responsable internacionalmente al Estado del Perú como consecuencia del despido irregular de Alfredo Lagos del Campo, según determinó en su Sentencia dictada el 31 de agosto y notificada el 13 de noviembre de 2017. Asimismo, la Corte declaró la violación de los derechos a la libertad de expresión, garantías judiciales y acceso a la justicia, dispuestos en la Convención Americana.

Al analizar el fondo del caso, la Corte Interamericana afirmó su competencia, a la luz de la Convención Americana y con base en el principio iura novit curia, para estudiar la petición inicial sobre la afectación de sus derechos laborales. Reiteró la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello.

Determinó que las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traducen en deberes específicos para el Estado. En el caso en particular, la Corte resaltó que frente al despido improcedente por parte de la empresa, el Estado peruano no había adoptado las medidas adecuadas con el fin de proteger la vulneración del derecho al trabajo imputable a terceros, por haber avalado el despido en sus instancias judiciales. Por ende, no se le reinstaló en su puesto de trabajo ni recibió ninguna indemnización ni los beneficios correspondientes. En vista de lo anterior, la Corte consideró que el Estado peruano no tuteló el derecho a la estabilidad laboral, derivado de la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la misma.

En lo que atañe a la violación de la libertad de asociación, la Corte indicó que en materia laboral este derecho no solo se aplica a los sindicatos sino a cualquier organización destinada a la representar los intereses legítimos de los trabajadores.

En vista de estas y otras violaciones, la Corte ordenó como medidas de reparación que se publique la sentencia y se indemnice al demandante por el daño material sufrido, lo cual incluye los salarios que dejó de percibir, la pensión de jubilación y los beneficios sociales correspondientes.

Puede encontrar el resumen de la Sentencia en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_340_esp.pdf

INET
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Instituto de Estudios del Trabajo

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