Entre 1981 y 2014, treinta países privatizaron total o parcialmente sus pensiones públicas obligatorias, catorce de los cuales  se encontraban en América Latina (Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá),

Hasta el año 2018, dieciocho países habían reformado y revertido total o parcialmente la privatización de las pensiones. La gran mayoría de los países revirtieron la privatización después de la crisis financiera mundial de 2007-2008, cuando los inconvenientes del sistema privado se hicieron evidentes y había que corregirlos. En América Latina están los casos de la República Bolivariana de Venezuela (2000), el Ecuador (2002), Nicaragua (2005), Argentina (2008), el Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Los más recientes han sido la Federación de Rusia (2012), Kazajstán (2013), la República Checa (2016) y Rumanía (2017).

Un reciente estudio analiza el bajo desempeño de los sistemas privados de pensiones obligatorios, así como lecciones para los gobiernos que tienen la intención de mejorar sus sistemas nacionales de pensiones. Se afirma que la responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez se alcanza de mejor manera mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones.

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